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Negocios, saqueos y política
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Negocios, saqueos y política

el heraldo



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Desde siempre, en Colombia los intereses económicos han contaminado la actividad pública. La historia de nuestro país ha estado signada por una terrible desgracia nacional: la imposibilidad de separar la política de los negocios.


 


La guerrilla y el Gobierno no han podido o no han querido entender, para efectos de la firma de la paz, que el gran problema es ese precisamente: la relación malsana de la “democracia” con los negocios. Las reformas que cimenten la paz debe hacerlas el Congreso, pero ¿cómo puede hacerlas un poder legislativo al que se llega, en la mayoría de los casos, a través de transacciones, de componendas, de compraventa de votos y deseos subalternos? Solo una reforma profunda al sistema electoral y una vigilancia policial estricta sobre la actividad proselitista que evite el acceso al Congreso de gente sin voluntad de servicio y con agenda propia, permitirá un clima de convivencia pacífica y de justicia social.


Desde los inicios de la República, los comerciantes eran al mismo tiempo políticos, representantes no de la gente, sino de sus propios bolsillos. Hagamos un breve repaso histórico con algunos de los más relevantes ejemplos.


Los recursos naturales han sido saqueados con la complicidad y el beneplácito de gobiernos indignos. Todo comenzó con la Concesión Barco y la Concesión de Mares. Los contratos para la explotación del petróleo fueron adjudicados en beneficio de la Nación por el general Reyes, pero amañados posteriormente para favorecer a terceros, gracias al permanente contubernio entre los gobiernos de turno con el general Virgilio Barco, jefe conservador, y el francés Roberto de Mares.


Toda esa tramoya político-comercial impidió que dichas empresas petroleras volvieran a manos del Estado Colombiano y que, a su vez, las concesiones quedaran en cabeza de petroleras norteamericanas que ya no estaban obligadas a entregarle al Estado colombiano el 15 % neto de las ganancias por concepto de participación, como lo señalaba el contrato suscrito con Barco, sino el 5 % bruto, por obra y gracia de lo ordenado por el gobierno de Concha, sin la respectiva aprobación del Congreso.


En el caso puntual de la Concesión de Mares, la cosa es aún más vergonzosa: le declararon la caducidad del contrato por incumplimiento. De Mares y sus secuaces se robaron del expediente la resolución ejecutoriada, la cual fue declarada infundada 4 años después por el gobierno de Concha, el 17 de mayo de 1915, lo que permitió que el deshonesto galo traspasara la Concesión sin mayores obstáculos a la empresa gringa Tropical Oil, con la autorización del gobierno de Suárez, que, a juzgar por los hechos, al igual que Concha, recibió una jugosa “mordida” por su actuación.


Toda esa historia de saqueos y negocios por debajo de la mesa, aderezados con política sigue vigente. El sistema impositivo ha estado absolutamente precedido de arreglos por debajo de la mesa. Hubo una época en que la grandes empresas cerveceras tenían un delegado permanente en el Congreso, a quien se denominaba el Senador número 103, para que manejara todo lo concerniente a los impuestos de esa actividad.


En la actualidad, la reforma tributaria y la reforma a la salud tienen unos beneficiarios directos, que nos son precisamente los pequeños empresarios o los más humildes.


Antes fue el petróleo, hoy es el robo de los baldíos nacionales por medio de esguinces jurídicos craneados por rábulas que posan de señores. Toda una mezcla de poder, ambición y buenas relaciones.


La política no puede ser un medio para conseguir plata, debe ser el vehículo para lograr las grandes transformaciones que requiere la sociedad.




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