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La justicia llega aunque sea tarde
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Las sanciones de la Procuraduría contra Piedad Córdoba que fueron tumbadas

10/11/2016 12:13:05 PM
Las violaciones de Ordoñez; no progresaron



Dos decisiones de Alejandro Ordóñez excluyeron a Piedad Córdoba de la vida política. Luego de anular la primera el pasado 9 de agosto, el Consejo de Estado acaba de anular la segunda por supuesta participación indebida en política
Las sanciones de la Procuraduría contra Piedad Córdoba que fueron tumbadas

Por El EspectadorRedactor Jurídico

Desde el comienzo de sus líos con la Procuraduría, Piedad Córdoba aseguró que todo se trataba de una persecución en su contra.


Dos veces sancionó el exprocurador Alejandro Ordóñez a la exsenadora Piedad Córdoba. Y ambas decisiones se quedaron sin piso. Aunque tomó varios años demostrar que las sanciones que había impartido fueron impuestas con base en evidencias anómalas, en su momento las decisiones del Ministerio Público daban por acabada la vida política de Córdoba, quien desde el comienzo de las acusaciones en su contra dijo que se trataba de un montaje y que ella no había cometido ninguna irregularidad. (Lea aquí más sobre la vida de Piedad Córdoba)


Los líos de Piedad Córdoba con la Procuraduría comenzaron en noviembre de 2008, cuando recibió la notificación de que la cartera de Ordóñez le había abierto una indagación preliminar por sus supuestos vínculos con grupos al margen de la ley cuando todavía era senadora. Según el auto con el que comenzó el proceso, tras la Operación Fénix en 2008 (en la que las Fuerzas Militares bombardearon el campamento donde se encontraba alias Raúl Reyes, miembro del secretariado de las Farc), se incautaron tres computadores en donde estaban guardados varios documentos en los que se demostraba, supuestamente, la relación de la entonces senadora con la guerrilla. 


Según la Procuraduría, la relación de Córdoba no solamente era humanitaria, como en ese momento alegó ella. De acuerdo con la investigación que adelantó el Ministerio Público durante más de tres años, y el análisis de los computadores por parte de la Interpol, se estableció que Piedad Córdoba emitió consejos al grupo de las Farc para que no enviaran videos de personas secuestradas sino grabaciones de voz para mejorar su estrategia y lograr sus objetivos.


“La senadora Piedad Esneda Córdoba impulsó al grupo armado ilegal de las Farc con el fin de procurar sus logros y objetivos. Igualmente, las pruebas demostraron que la mencionada senadora de la República trabajó con otras personas –pertenecientes al grupo insurgente– en realización de obras. Para este despacho, entonces, no existe el menor asumo de duda que los comportamientos por haber instado a las Farc para que este grupo al margen de la ley  fuera hostil contra miembros de partidos políticos y demás servidores públicos”, dice el documento de 140 páginas con el que el exprocurador Ordóñez destituyó a la senadora el 27 de septiembre de 2010.

 

Biografía de Piedad Córdoba, la excongresista que vuelve a la arena pública


Perfil de una de las líderes políticas más representativas de la izquierda. Fue víctima del paramilitarismo, estuvo en el exilio y volvió a Colombia a luchar por la liberación de los secuestrados.


La arena política vuelve a tener a una de las grandes representantes de la izquierda en el país: Piedad Córdoba. La mujer de 61 años, que fue acusada de ser un enlace político de las Farc bajo el alias de Teodora de Bolívar, según se leía en unos supuestos correos obtenidos del computador del abatido jefe guerrillero Raúl Reyes –pruebas que fueron desestimadas por la Corte Suprema de Justicia porque se violó la cadena de custodia–, ya tiene las puertas abiertas para nuevamente lanzarse al Congreso y retomar el protagonismo que por muchos años mantuvo en el Senado. (Lea aquí sobre las razones de la Procuraduría para sancionar a Córdoba)


Desde los años 80 mostró su temple en la Universidad Pontificia Bolivariana, de donde se graduó de derecho, y en las calles de Medellín, cuando trabajaba con comunidades marginadas de esa ciudad y defendía el derecho a la igualdad. Abrió un bar para ayudarse a pagar sus estudios. El negocio era reconocido como la taberna Mi viejo San Juan, atendida por ella misma y sus tres hermanos, pero un petardo acabó con el lugar.


Cuenta que su vida universitaria fue muy accidentada. “Venía muy mal recomendada del bachillerato, por haber organizado a mis compañeras contra las directivas del colegio y porque me reconocía como una fiel seguidora de Jesucristo, el primer revolucionario.  De verdad la vida se me hizo imposible en la universidad; afrodescendiente, revolucionaria, con peinado afro y minifalda en un claustro, como la Universidad Bolivariana, una institución absolutamente confesional. Ahí aprendí a resistir, a prepararme para vivir una vida accidentada en la política, a no dejarme sacar del juego. Lo intentaron de todas las formas, sin embargo logré terminar titularme como abogada”, le contó a este diario. 


 

 


Tuvo su primer cargo público como guarda de Rentas Departamentales. De ahí, pasó a ser jueza de renta departamental, cargo al que renunció porque "no soportaba la corrupción".  En 1984 fue nombrada subcontralora municipal de la capital antioqueña.  Piedad Córdoba dice que sus inicios en la política fueron muy ingenuos: “Me habían acostumbrado a escuchar los grandes discursos del Congreso de la Republica a través de la radio, escuché los debates contra la corrupción de William Jaramillo y me entusiasmé muchísimo, lo busqué, lo encontré en la izquierda liberal y ahí me quede recorriendo Medellín y Antioquia y luchando para terminar con la corrupción y las injusticias”. 


Fue esa alianza con William Jaramillo la que la catapultó en la política. Su proyección comenzó cuando al dirigente liberal lo designaron como alcalde de Medellín en 1986, quien nombró a Piedad Córdoba como su secretaria privada. Dos años más tarde dio el primer salto a unas elecciones: fue elegida como edil y luego como concejal de Medellín. 


Su próximo objetivo fue la Cámara de Representantes, pero salió derrotada en las elecciones de 1990. Sin embargo, Piedad Córdoba tendría su revancha en las elecciones de 1991, cuando salió electa como representante después de establecida la nueva Constitución. Paralelamente, su mentor político, William Jaramillo, era uno de los congresistas más fuertes de Antioquia.


En 1994 Jaramillo anunció que no buscaría la reelección y le entregó las banderas de su campaña a Piedad Córdoba, quien fue elegida como senadora para el periodo entre 1994 y 1998. En ese momento, era una fuerte crítica de la Alcaldía de Medellín por supuestos vínculos con la mafia. Al poco tiempo le pusieron tres bombas a su negocio.


Su rápido ascenso en la política y sus debates por la defensa de los derechos humanos y, especialmente, por buscar una solución pacífica al conflicto, la pusieron en el radar de Carlos Castaño, máximo comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En ese entonces era una de las congresistas que más acercamiento buscaba con las guerrillas para generar un espacio de confianza y poder sentarse a negociar la paz, tanto así que se llegó a hablar de una zona de despeje para el Eln y de liberación de secuestrados.


Sus ideas le costaron su libertad: el 21 de mayo de 1999 fue secuestrada por los paramilitares bajo órdenes de Castaño.


Fueron 16 días que marcaron la vida de Piedad Córdoba y su futuro político. Hombres de la banda la Terraza, comandada por Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, la retuvieron ilegalmente en un centro médico del barrio El Poblado en Medellín. La llevaron luego hasta Córdoba, a una finca de los hermanos Castaño, donde se enteró de que su secuestro era porque la habían señalado de ser jefe de finanzas del Eln.


Tiempo después, según ella, se enteró  que el responsable había sido el exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez –investigado por este caso y por el homicidio de Jaime Garzón–, quien entregó a los paramilitares una serie de grabaciones de conversaciones telefónicas que ella sostuvo con jefes de la guerrilla sobre una posible negociación de paz. Piedad Córdoba le explicó a Carlos Castaño que esas conversaciones se dieron porque en ese momento era presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.


Tras ser liberada no solo tuvo que salir al exilio, sino que los señalamientos en su contra por ser una supuesta colaboradora de la guerrilla se hicieron más frecuentes. Junto a sus cuatro hijos se fue a vivir a Canadá hasta 2001, año en que se cansó de huir y decidió regresar a hacer política y dejar de limpiar casas ajenas. Cuando volvió a Colombia fue víctima de dos atentados más que no la hicieron desistir de su idea de volver al Senado.


Para las elecciones del año 2002 no pudo hacer política en sus zonas tradicionales. En Antioquia los paramilitares le cerraron la puerta, sus mejores votaciones se esfumaron, pero Bogotá fue su salvación. Los votantes de la capital fueron los que le permitieron regresar al Congreso. Volvió a ser la piedra en el camino del gobierno y de los partidos de derecha.


Sus intensos debates –como el que le hizo al entonces ministro de Interior y Justicia, Fernando Londoño Hoyos en 2003 por corrupción– la llevaron a ser elegida como presidenta del Partido Liberal.


En 2005, por petición de la Procuraduría  en respuesta a unas denuncias de fraude electoral en el Valle del Cauca y Atlántico, se modificaron los resultados de 2002 y Piedad Córdoba perdió votos. Salió del Congreso. Para las elecciones de 2006 se presentó nuevamente y salió electa. En 2007 fue designada por el entonces presidente Álvaro Uribe como mediadora ente las Farc para lograr la liberación de secuestrados y adelantar negociaciones para un acuerdo humanitario.


Su tarea la realizó junto al presidente venezolano, Hugo Chávez. Entre enero y febrero de 2008, la senadora logró que seis secuestrados recuperaran la libertad. Por ejemplo, el 10 de enero de ese año, las Farc liberaron a la excongresista Consuelo González y a Clara Rojas, quien fue la fórmula presidencial de Ingrid Betancur.


Los siguientes en ser beneficiados por las labores de Piedad Córdoba fueron Luis Eladio Pérez, Gloria Polanco, Orlando Beltrán, Jorge Eduardo Gechem, el exgobernador del Meta Alan Jara, el exdiputado del Valle Sigifredo López, los policías Walter José Lozano Guarnido, Alexis Torres Zapata y Juan Fernando Galicia, y el soldado del Ejército, William Domínguez.


Su gestión la hizo ganar gran reconocimiento a nivel nacional. Llegó incluso a ser tenida en cuenta para ser candidata presidencial, pero una decisión de septiembre de 2010 acabó con su idea de seguir en la política. El procurador Alejandro Ordóñez la inhabilitó por 18 años para ejercer cargos públicos. Cortó de raíz su ascenso y los señalamientos en su contra –algunos con tintes raciales– por ser supuestamente guerrillera no cesaron. Las aguas turbias se calmaron cuando la Corte Suprema dejó sin validez las pruebas que la vinculaban con el grupo guerrillero. 


Antes de que el Consejo de Estado tumbara las dos decisiones que la inhabilitaban para hacer política, continuó trabajando por la liberación de secuestrados y por buscar una salida negociada al conflicto. Se le vio muy activa en el proceso de paz con las Farc, pues fue una de sus principales defensoras. Asimismo, siempre fue reconocida por apoyar minorías, como la comunidad LGBT, y promover políticas públicas en favor de las mujeres.


Ahora, sin sanciones en su contra, esta mujer hija de un hombre negro y una mujer blanca, que trabajó junto a sus abuelas en escuelas para gente pobre, espera volver a luchar por los ideales que la llevaron ser política: “En esas escuelas conocí el hambre y la pobreza, la falta de oportunidades y esto me buriló en la rebeldía. Supe de las discriminaciones por el hecho de que mi padre era negro, al igual que toda mi familia paterna”. Dice que espera que la deslealtad, la corrupción y los intereses personales de alguien en el poder no la vuelvan a sacar del camino. 



Su conducta, aclaró el Ministerio Público, estuvo en contravía de los principios que rigen la función pública: "En efecto, haber mantenido vínculos con una organización ilegal al margen de la ley como las Farc, para promoverlos y colaborarles, produjo que principios como la moralidad pública, la transparencia, la objetividad, la lealtad, la imparcialidad y la neutralidad, entre otros, se vieran seria y considerablemente afectados por la conducta constitutiva de la senadora”.


Además de apartarla de su cargo como senadora, la Procuraduría inhabilitó a Córdoba para ejercer cargos públicos durante 18 años. Pasaron casi seis años para que el Consejo de Estado anulara la decisión de Ordóñez y dijera que las supuestas pruebas encontradas en los computadores de Raúl Reyes no eran legítimas, pues la cadena de custodia de los aparatos tecnológicos se había violado, argumento que ya había expuesto la Corte Suprema de Justicia en 2009. Fue así como a comienzos de agosto de este año, el Consejo tumbó la decisión del Ministerio Público y además ordenó a pagarle a la exsenadora los salarios que dejó de ganar por la decisión de Ordóñez –se calcula que serían más de mil millones de pesos–.


Aunque con la primera destitución e inhabilidad ya Piedad Córdoba del ruedo político, se vino una segunda decisión en su contra. En abril de 2011, la Procuraduría le abrió otra investigación porque, supuestamente, le había entregado $25 millones al candidato a la Cámara de Representantes por el Atlántico Ricardo Montenegro en 2010. En abril de 2012 estuvo listo el segundo fallo disciplinario en contra de la exsenadora. 


Según el fallo, a la campaña de Ricardo Montenegro ingresaron dos donaciones a nombre de la exsenadora, uno por $20 millones y otro por $5 millones. La propia contadora del candidato aseguró que había sido Córdoba quien había enviado el dinero. Sin embargo, el Partido Liberal, el movimiento político al que pertenecían Córdoba y Montenegro, negó los pagos. En su defensa, Piedad Córdoba repitió lo que dos años atrás había dicho ante su primera sanción: que era víctima de una persecución política y que no sabía nada de esos pagos.


Al final, 14 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos fue el casitgo para la exsenadora. La Procuraduría consideró que se trataba de una falta gravísima, pues estaba participando en política de una manera indebida. En 2014, el Consejo de Estado admitió la demanda de Córdoba y la magistrada ponente, Sandra Lisset Ibarra, expuso en el proyecto de fallo que debía declararse nula la sanción de la Procuraduría, pues no se tuvieron en cuenta todas las pruebas que había al momento de emitirla.


La mayoría de los magistrados de la Sección Segunda del alto tribunal votaron en favor del proyecto de Ibarra y hoy, tras seis años de inactividad política, Piedad Esneda Córdoba tiene vía libre para volver a pelearse un escaño en el Congreso de la República. 





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