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Un alcalde que no piensa
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La Alcaldada de Peñaloza con el Bronx

8/29/2016 6:31:00 AM
Una grave improvisación que se extiende por Bogota



8 Ago 2016 Por Augusto Ocampo Improvisación y vulneración de derechos fundamentales Como se volvió costumbre, las escenas que han hecho públicas los diferentes medios de comunicación en los últimos días han dejado ver la real dimensión de un problema que hoy no solo tiene como protagonistas a un grupo de personas en condiciones de vulnerabilidad como son los habitantes de calle, en ocasiones llamados también población en situación de indigencia; sino a un grueso número de residentes y comerciantes de zonas aledañas a lo que públicamente se conoció como el Bronx; antro que sin lugar a dudas, albergaba la más variada comisión de conductas punibles, partiendo de una sofisticada cadena de coparticipación criminal en delitos como el hurto, el tráfico de estupefacientes, el secuestro y la trata de personas que por labores de inteligencia según se ha conocido incluso permeó a las mismísima policía, sino que, escalando en los dantescos hallazgos, se infiere que en el lugar ubicado a pocas cuadras de la casa del presidente, se había adecuado una sucursal del averno; todo indica que la justicia privada hacía de las suyas, se torturaba y ajusticiaba sin reparo a todos aquellos que osaban desconocer las particulares “leyes” que regían en esta especie de república independiente.




Un Bronx que la alcaldia quiere exterder por toda la ciudad.










Foto: H Morris

18 Ago 2016

Por Augusto Ocampo


Improvisación y vulneración de derechos fundamentales 


Como se volvió costumbre, las escenas que han hecho públicas los diferentes medios de comunicación en los últimos días han dejado ver la real dimensión de un problema que hoy no solo tiene como protagonistas a un grupo de personas en condiciones de vulnerabilidad como son los habitantes de calle, en ocasiones llamados también población en situación de indigencia; sino a un grueso número de residentes y comerciantes de zonas aledañas a lo que públicamente se conoció como el Bronx; antro que sin lugar a dudas, albergaba la más variada comisión de conductas punibles, partiendo de una sofisticada cadena de coparticipación criminal en delitos como el hurto, el tráfico de estupefacientes, el secuestro y la trata de personas que por labores de inteligencia según se ha conocido incluso permeó a las mismísima policía, sino que, escalando en los dantescos hallazgos, se infiere que en el lugar ubicado a pocas cuadras de la casa del presidente, se había adecuado una sucursal del averno; todo indica que la justicia privada hacía de las suyas, se torturaba y ajusticiaba sin reparo a todos aquellos que osaban desconocer las particulares “leyes” que regían en esta especie de república independiente.


Se celebró entonces y todos los medios replicaron la decisión del alcalde Enrique Peñalosa de madrugarle al tema y entonces, acompañado por cientos de policiales, apoyados incluso desde el aire, cualquier mañana a sangre y fuego “retomó” el control de esta ciudadela del crimen, fueron muchos los capturados que desfilaron y expuestos al escarnio público tal y como lo presentó la administración distrital se judicializaron, a propósito, que se conozca, hoy no hay ningún óigase bien ningún proceso formal contra los verdaderos capos determinadores y cerebros de los escabrosos hechos que con lujo de detalles, conocimos a través del despliegue mediático.


Nos enteramos si, de numerosos dramas humanos, casos de abandono y drogadicción, personas olvidadas por una sociedad indolente que discrimina y en ausencia de políticas públicas serias, pretende expiar sus omisiones segregando y estigmatizando a quienes por fuerza de circunstancias de todo tipo, han sido relegados en el mundo del consumo de sustancias estupefacientes y vicios de variada estirpe; se supo por ejemplo, que entre quienes frecuentaban o pernoctaban en el Bronx, había músicos, profesores universitarios, ancianos y en general, sujetos que en algún momento de su vida como ud y como yo respetado lector tenían una vida “normal”, y lo que es peor aún, se reportó la presencia para el momento del “hollywoodense” operativo, de no menos de 150 menores sorprendidos con la toma armada y víctimas de los gases lacrimógenos de los uniformados que a la fuerza entraron a lo que para estos niños se había convertido en su segundo hogar.


Se celebró a rabiar entonces la acción desplegada y liderada por el inquilino del Palacio de Liévano, se mostró como un “resultado positivo” el desmantelamiento de una empresa delincuencial cuyas cabezas visibles son los denominados Sayayines; y en general se aplaudió la mano fuerte que “retomó” el control de la zona, incluso se ha recordado que precisamente por despliegue similar durante el gobierno del mismo alcalde Peñalosa, se “liberó” la capital de lo que por allá en los años noventa se conoció como “La Calle del Cartucho”. Hasta acá todo parecería tener un final feliz, mano, dura, cárcel, limpieza del cemento, desmantelamiento de bandas y el paso a un cambio en la estética del centro de la ciudad, pues a través de los canales de televisión, incluso con la presencia del mismo Alcalde Mayor en compañía de su fiel escudero en los temas de seguridad el señor Daniel Mejía, se trasmitió el momento en que una máquina echaba abajo la pared de una de las edificaciones que hasta hace poco emulaba la Sodoma y Gomorra de la antigüedad. Pero ¿es real tanta belleza? Veamos:


Con el paso de las semanas y hoy no admite duda alguna, aquella acción de retoma del Bronx ha dejado al descubierto, varias realidades, de un lado, es evidente tal y como lo denunció el propio Defensor del Pueblo, que en la cacareada operación mañanera, se improvisó por parte de la administración distrital; consecuente con lo que parece ser una plantilla uniforme en los temas de ciudad, este acto de “gobierno” como en la mayoría de los desplegados por Enrique Peñalosa, sin estudios serios, se privilegió la estética, el populismo, la limpieza y los actos de demagogia en detrimento del respeto de derechos y garantías.


Todo indica que el hoy Alcalde Mayor como ha pasado con el tema por ejemplo de los vendedores ambulantes, sin rubor, lejos del mandato que le obliga al acatamiento de las leyes, las decisiones de los jueces, pero sobre todo, de nuestra Carta Política, insiste caprichosamente en imponer su concepción personalísima de ciudad. Es una hecho cierto que no obstante desde 1999 cuando la Corte Constitucional expidió la sentencia SU-360 en la que se protegieron los derechos fundamentales de no menos de 400 trabajadores informales, se le ordenó al mandatario, que antes de desalojar a la fuerza, incautar las mercancías y privar de su libertad de las personas que se rebuscaban el sustento diario en las calles; tenía que concertar, conciliar, pero sobre todo, ofrecer programas de formalización serios que garantizaran a estos sujetos en condiciones dignas, materializar ejercer su derecho fundamental al trabajo. Pues bien, a la fecha, y por requerimiento del tribunal encargado de vigilar la supremacía y vigencia de la constitución de 1991, ha sido requerida la administración distrital para que explique y si tiene como justifique el por qué como se dice coloquialmente se ha “pasado por la faja” la orden ya señalada, burlando el fallo judicial que como a todos, no importa que sea hoy el alcalde Peñalosa, también lo obliga y vincula. A la espera de una determinación de fondo de la Corte Constitucional sobre el asunto, se confía entonces en que por esta vía se cese el abuso de la administración distrital y de una buena vez cese el talante egocéntrico y autoritario de quien en campaña prometió una Bogotá Mejor Para Todos.


Pues bien, en punto del “famoso” operativo que según el distrito retomó el poder del Bronx, como se explicó ya, no solo se improvisó porque no se hizo una intervención integral humanitaria como lo demanda la lógica y un ponderado ejercicio en el cálculo mental de las consecuencias que semejante despliegue de fuerza acarrearía días después; sino que tras el acostumbrado pantallazo del alcalde cuando de mostrar “resultados” de trata, hoy ocupan primera plana en todos los medios, las confrontaciones entre los antiguos habitantes de la zona “recuperada” los residentes y comerciantes que ven invadidos sus espacios.


La ciudad, pero sobre todo el centro y sus alrededores se encuentran sumida en el caos, la incertidumbre y la zozobra. Los habitantes de calle, muchos sujetos dependientes de algún tipo de alucinógeno deambulan sin Dios ni Ley, errantes padeciendo el rigor de la indolencia huérfanos de abrigo y prevenidos frente a cualquier acto de quienes en número mayor nos arrogamos la potestad de excluirlos como “anormales”; se dejó de lado el trato digno, la consideración de su especial condición, suponiendo erradamente que destruyendo el cemento que antes albergaba esos cuerpos que aunque a muchos les cueste creerlo también tienen sentimientos y sufren el dolor, se acabaría con el Bronx, que equivocado está el señor Alcalde Mayor, al suponer que tumbando edificios, acabaría con el problema, como si el “mal” estuviera en las paredes.


Todo indica que quien “gerencia” a la capital, a partir de la “teoría de la defensa social” que promovió la represión de los habitantes de calle aplicando medidas “extra o ante delictum” a sujetos que considera peligrosos o sospechosos, optó avalado por un comité de aplausos ignorantes en tema de política criminal, resucitar la escuela positivista o antropológica del derecho penal, de acuerdo con la cual el delito es un fenómeno natural y social y el delincuente un ser anormal. Olvida Peñalosa que la dignidad humana, la igualdad y la libre determinación de la persona se erigen como pilares fundamentales de nuestro compromiso constitucional fundante de 1991, esto hace que resulte impensable revivir medidas coactivas y represivas contra los habitantes de la calle, incluso si su modo de realización personal nos resulta reprochable para el conjunto de la sociedad o perjudicial para estos mismos.


No se compadece que en ausencia de políticas públicas sociales serias, con lo cual se incumple el mandato que en tal sentido prevé la Ley 1641 de 2013, como lo pretende la administración distrital, tenga cabida el avasallamiento de derechos y garantías superiores de una población en condiciones de vulnerabilidad. Contra sentido que el Alcalde Mayor a fin de proteger a la mayoría, excuse las vías de hecho en que ha incurrido al implementar el uso de la fuerza contra los habitantes de calle, sin ofrecerles una solución integral a sus padecimientos, toda vez que en la práctica como se ve hoy, esa mayoría que le preocupa proteger al alcalde se encuentra expuesta también a los desmanes y a las reacciones violentas de esta minoría segregada y sin opciones. No se necesita ser un adivinador para presagiar una tragedia; las actuales circunstancias de confrontación y desplazamiento, aunada a la plural vulneración de derechos fundamentales de los bandos, imponen que como se ha vuelto una constante, sea por determinación en los estrados judiciales que los jueces de la república enderecen la sui generis forma de gobernar del gerente fallido que le toco por suerte -mala- a nuestra amada ciudad.


En Colombia, las políticas perfeccionistas se encuentran excluidas, ya que no es admisible que en un Estado que reconoce la autonomía de la persona y el pluralismo en todos los campos (CP arts 1º, 7º, 16, 17, 18, 19 y 20), las autoridades impongan, con la amenaza de sanciones penales, un determinado modelo de virtud o de excelencia humana.  En efecto, se corre el riesgo de prohibir determinados modos de vida por razones filosóficas, religiosas o políticas, lo cual es incompatible con la garantía del pluralismo. Además, la propia dignidad humana se ve comprometida ya que la persona queda reducida a un instrumento para la defensa de valores abstractos pues, a pesar de no afectar derechos de terceros con su conducta, su autonomía individual es sacrificada en nombre de la protección de tales valores.


Recordar que nuestra Corte Constitucional precisamente en el fallo de tutela que hoy pregona el alcalde y su fiel colaborador en temas de seguridad debe ser modulado fue enfática cuando señaló: “…Es a cada individuo a quien corresponde señalar los caminos por los cuales pretende llevar su existencia, sin afectar los derechos de los demás. “Es únicamente a través de esta manera donde efectivamente se es digno consigo mismo”. De este modo, la “mendicidad” ejercida por una persona de manera autónoma y personal, sin incurrir en la intervención de un agente intermediario a través de la trata de personas, no es un delito ni una contravención. De hecho, cualquier tipo de reproche jurídico, sea en forma de sanciones o intervenciones terapéuticas forzadas, resulta inadmisible en tanto cosifica al habitante de la calle en aras de un supuesto modelo ideal del ciudadano virtuoso o a manera de una acción preventiva en contra de un potencial criminal...”; Mandato que deja sin piso la intención a todas luces descabellada expresada por Peñalosa, en tanto, la pregonada “modulación” de la mentada sentencia de tutela no es dable; razones jurídicas de peso que al parecer no le fueron expuestas al mandatario por sus jurídicos impide reabrir un debate hoy en sede constitucional. Los efectos interpartes de la sentencia T-043/15 hicieron tránsito a cosa juzgada de un lado y de otro, solo a instancia de la persona favorecida con el fallo en cuestión y por vía del desacato se podría dar alcance a la orden del juez de tutela.


El anterior panorama lo que avala si frente a la sistemática vulneración de derechos fundamentales por las vías de hecho en que incurre la administración distrital, y que definitivamente impactan no solo a los habitantes de calle sino en los residentes y comerciantes víctimas del desgobierno peñalosista, sobre todo a fin de evitar un hecho de sangre que radicalice y agrave la complicada coyuntura, es demandar a nivel interno el amparo de tutela que prevé nuestra constitución y en instancia internacional ante la CIDH en atención especial a que en medio del conflicto se encuentra el respeto y la salvaguarda de los derechos prevalentes de niños y niñas, que hoy por la indolencia del Alcalde Mayor se encuentran bajo seria amenaza.


Augusto A Ocampo 


-Abogado, con posgrado en Investigación Criminal y estudios de Derecho Penal y Derecho Constitucional. Docente en varias universidades. Ex Magistrado Auxiliar, Ex Director Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Ex Gerente de Litigios de la EEB. Actualmente Director de la firma de abogados OCAMPO CAMACHO & ASOCIADOS, Consultor y Asesor.







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